De manera simultánea y desde diversas perspectivas surgen iniciativas para el regreso de Honduras a la OEA: Arturo Valenzuela, del Departamento de Estado de Estados Unidos, declara que dicho regreso está avanzando y que es únicamente ‘cuestión de tiempo’. Insulza realiza gestiones casi anónimas con el presidente Porfirio Lobo. Pero también la derecha chilena – aquella heredera del dictador Pinochet –aboga por la pronta reincorporación o legitimación del gobierno del país donde hace un año un cuartelazo sacó al presidente en pijamas hacia Costa Rica y cuya Suprema preparó el terreno al general Romeo Vásquez y a Roberto Micheletti – copiando lo que más de treinta años antes había hecho la Suprema con Allende en Chile. Por su lado, el ex presidente Manuel Zelaya aún no decide su regreso al país.

Una buena parte de esas noticias sobre Honduras, en su entusiasmo, ya ni siquiera mencionan los DDHH, lo cual es  extraño en un continente donde este es, convengamos, hoy todavía frecuentemente y en muchos lugares, asunto de vida o muerte para opositores, defensores de DDHH, sindicalistas, representantes de minorías e, incluso, para periodistas críticos de los poderes establecidos. Honduras es un caso, por tanto, donde es necesario indagar en primer lugar por la situación actual de los DDHH – cómo por lo demás es también el caso de Cuba y Venezuela. Una comisión de verdad y reconciliación fue creada en acuerdo con el gobierno y la OEA. Sin embargo, la oposición – factor como sabemos importante en toda democracia, decidió crear su propia comisión. Y durante el primer semestre de gobierno de Porfirio Lobo, el país ha vivido transgresiones a los DDHH. Hace sólo algunas semanas, parlamentarios norteamericanos observaron la continuidad de las transgresiones a los DDHH. También la encargada para las Américas de Amnistía Internacional acusó transgresiones.

El problema inmediato no es si Honduras debe entrar a la OEA o a alguna asociación regional o reconocer su legitimidad. El gobierno debe allí garantizar los DDHH para ganarse su propia legitimidad. Por lo demás, no debe quedar en suspenso la importancia aplicada que le otorgan a los DDHH los actores actualmente involucrados en la situación internacional de Honduras. Porque por ahora la impresión es que estos derechos no son objetivo prioritario sino más bien molesta condición inescapable en estas negociaciones en curso y a obviar por medio de un trámite de comisión a probar en las condiciones políticas creadas tras el golpe de Estado.